Quito vive bajo evidentes amenazas naturales. Los sismos ocurridos el año pasado hicieron que se generen dudas sobre la resistencia estructural de las edificaciones en Quito. En la urbe cerca del 60% de construcciones se levantaron sin permiso, por lo tanto lo hicieron sin planos aprobados.

 

Casas cuarteadas y viviendas que amenazan con derrumbarse dan cuenta de la necesidad de contar con una normativa que permita a las autoridades evaluar y tomar acciones correctivas. Todo con miras a disminuir el impacto de un fenómeno natural en la capital.

 

El Municipio de Quito trabaja en la creación de un proyecto normativo que se enfoca en reconocer las construcciones informales en la ciudad y prevé un reforzamiento en la estructura. Lo hace para dar mayor resistencia, particularmente, a las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Así lo explica Jacobo Herdoíza, secretario de Hábitat del Distrito.

 

El proyecto de ordenanza lo elabora la Secretaría de Hábitat y se espera que este mes pase a estudio de la Comisión de Uso de Suelo y, luego, presentada ante el Concejo las primeras semanas de marzo. Así lo sostiene el concejal Jorge Albán. La ordenanza permitirá saber el nivel de riesgo de cada edificación, sus falencias y, lo más importante, especificará cómo volverla segura.

 

Hasta el 2015 estuvo vigente otra a que daba la posibilidad al dueño de casa de regular la vivienda; pero, a diferencia de aquella, la actual establecerá normas técnicas para garantizar seguridad constructiva, y la elaboración de un programa para poner atención a las edificaciones de mayor riesgo. Para esto, se deberá realizar un estudio casa por casa. Otra de las novedades que presenta la propuesta legal es que el trámite será obligatorio, y no voluntario.

 

Según Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, no existe un estudio real actualizado de la situación de la informalidad ni de riesgo estructural. Tomando en cuenta que la ciudad está asentada sobre una falla geográfica, que está expuesta a inviernos severos y que tiene viviendas asentadas en quebradas y rellenos, el riesgo es evidente, dice.

 

La nueva normativa analizará aquellos sectores de viviendas que fueron concebidos para soportar una planta, pero con el paso del tiempo se ampliaron y hoy cuentan con cinco pisos como en Turubamba, Solanda y Carcelén.

 

Para realizar la evaluación estructural se trabajará con universidades y colegiaturas. Al momento, se labora en la determinación de las brigadas con profesionales certificados que visitarán las casas, en el protocolo técnico de inspección, y en los grupos que probarán las metodologías de reforzamientos en cada una de las viviendas.

 

Justamente, la Cámara está en diálogo con el Municipio para iniciar un diagnóstico y una revisión a las construcciones. Durán explica que, en cada caso, primero se realizará una evaluación visual para determinar si es necesario ejecutar un estudio de suelo, si está en zona de riesgo sísmico, de movimiento en masa y de inundación. Además, se analizará la parte estructural de la casa, dependiendo del número de pisos, de columnas, de vigas, de la cimentación, entre otros parámetros constructivos.

 

El objetivo es evaluar toda la ciudad, es decir, más de 500.000 viviendas, principalmente aquellas construcciones informales, que son unas 300.000, según Durán. Para ello, se realizarán planes pilotos. Se propone que el noroccidente sea la primera zona en ser intervenida.

 

Si la construcción cumple con las condiciones técnicas se la regulariza, caso contrario se hacen recomendaciones; es decir se establecen medidas correctivas que pueden ir desde el reforzamiento estructural y medidas de ajuste hasta la reubicación. Se calcula que el costo de reforzamiento estaría entre el 5% y el 10% del valor patrimonial de la vivienda.

 

La noticia genera diversas reacciones entre la gente: hay quienes aplauden la iniciativa como la mejor alternativa para evitar desgracias futuras, como Cristóbal Maldonado, urbanista y catedrático universitario. Pero, también, hay quienes tienen dudas al respecto.

 

Una de ellas es Maritza Cajas, quien vive en el sector de la Pisulí, noroccidente de Quito, desde hace 10 años. Su esposo es albañil y él mismo levantó su casa de un piso, donde vive con sus tres hijos, su nuera y sus dos nietos. Teme que luego de la evaluación, tenga que hacer reformas importantes y que no cuente con dinero. Ella es empleada doméstica y su esposo está sin empleo.

 

Precisamente se está trabajando en el programa de apoyos al propietario. Herdoíza explica que se contempla disponer incentivos para que el costo sea asumido por el dueño, entre lo que podría está la reducción del monto del impuesto predial, asistencia técnica por parte del Municipio, disminución de costos de estudios y reforzamientos con entidades colaboradoras.

 

También se establecerán alianzas con empresas proveedoras de materiales de construcción de calidad para abaratar costos. Ya se han reunido con representantes del sistema financiero para determinar si es posible estructurar un mecanismo que permita atender la demanda financiera para las mejoras.

 

Posiblemente se deba operar un sistema de bono de reforzamiento estructural generado desde el Gobierno Nacional. Y que se apalanque un esquema de crédito hipotecario que prende la vivienda y le dé la posibilidad de pagar el plan de reforzamiento con un crédito blando, con subsidio de tasa de interés. El beneficiario será, según Herdoíza, el dueño de casa, quien vivirá tranquilo.

 

Fuente: Diario El Comercio
 

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