Nueva ley quiere eliminar los asentamientos informales

Recién en 2016 se aprobó una ordenanza municipal para regular estas zonas. Esta normativa estableció límites y obras públicas que entraron en conflicto con casas ya construidas, unas de cemento y otras de caña. Varias viviendas que estaban cerca a un canal de aguas lluvias fueron derribadas hace dos semanas por personal municipal y en otras se entregó una notificación de desalojo. “Vivir al lado de un canal no es lo más indicado, pero cuando ellos construyeron sus casas el canal no estaba en ese lugar. A medida que la gente fue adueñándose del suelo fueron rediseñando los planos del canal. Luego llegó el desarrollo y los obligaron a poner todas sus cosas en una caja” dice Patricia Sánchez, asambleísta a la que han acudido varios moradores de este sector en busca de ayuda. Para Sánchez, las constantes ampliaciones o reformas a la Ley 88, aprobada en 2007 inicialmente para solucionar problemas de tierras en Monte Sinaí, demuestran que no ha funcionado el esquema de regularización de asentamientos informales aplicados hasta el momento: “Solo en Guayaquil serían unas 200.000 familias que todavía están en irregularidad, pero esto pasa en todo el país”. Según cifras de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, entre 2019 y 2021, se contabilizan 804 desalojos en el país, el 97% de estos en Guayas y un total de 5.315 estructuras fueron derrumbadas. Sánchez cuenta que desde la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional se está analizando la “mejor forma” de reconocer los actuales asentamientos irregulares con una reforma a la Ley 88 y poner un “sello” que no permita la creación de nuevas zonas habitacionales informales. Parte del sello también sería el proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social que actualmente se trabaja en el Legislativo. Esta normativa podría articularse con el plan del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Lo novedoso del proyecto es que se contempla no solo la construcción de vivienda a través de las inmobiliarias con macroproyectos, sino formas alternativas dirigidas a los quintiles más pobres que no son sujetos de créditos. La propuesta se centra en lo que se conoce como producción social del hábitat, que implica invertir en suelo formal y servido (con servicios básicos) y que sea la misma gente que construya en comunidad sus viviendas, tal como ocurre actualmente en los asentamientos irregulares, pero de manera formal. Para la arquitecta Sara Noboa, es fundamental que se cambie el enfoque de vivienda de interés social que se ha manejado en el país. Indica que no solo se deben concentrar en construir nuevas casas sino en mejorar las que hay: “¿Y si también le ayudamos a las familias a mejorar su casa y construir un piso arriba para que ahí vivan sus parientes? El déficit habitacional cualitativo, que no es la necesidad de construir más viviendas sino de mejorar las condiciones habitacionales de estas, se ubica en el 75,5% a escala nacional y el sector rural pasa del 95%”. Texto original tomado de El Universo.